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EDITORIAL

En el relato de todos
Y en el tema de las pruebas externas, que este curso correspondía aplicar la de sexto de
Primaria, hemos asistido a una ceremonia de la confusión orquestada por algunas estos temas hay un
CCAA que bien se han negado directamente a cumplir la ley o se parapetan en subter- denominador común, no se
fugios legales como el intento de "dejar en manos de los centros" la forma de realizar la ha contado con el
evaluación final de Primaria, de manera que sus maestros podrán hacer un examen o
sólo el informe individualizado de cada alumno que validará una comisión externa. profesorado
Nuestra postura ante estas pruebas está clara: es una prueba externa de diagnóstico, de
carácter orientador, sin consecuencias académicas, que debería estar dirigida a valorar el
aprendizaje del alumnado a establecer planes para su recuperación y la mejora del rendimiento
que propicie el éxito escolar, sin que en ningún caso sirvan para establecer ranking de centros.
Como también se han puesto sobre la mesa los borradores de las denominadas revalidas de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato, ANPE quiere recordar su posición: no nos oponemos a la decisión de incorporar al sistema educati-
vo este tipo de evaluaciones, que han de estar estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efec-
tivas a la hora de diseñar programas y políticas específicas, pero solo tendrán sentido si responden a un instrumento
para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas
de recuperación y que vayan precedidas de un refuerzo previo de la evaluación continua e interna. En los niveles
obligatorios ningún alumno debería ver cercenado sus posibilidades de titulación por la aplicación directa de evaluacio-
nes externas siempre que el alumno haya acreditado suficientemente en las evaluaciones internas la superación de las com-
petencias, los objetivos y los contenidos curriculares establecidos en cada nivel.
Y en la prueba de 2º de Bachillerato nuestras posiciones son coincidentes con la de la conferencia de rectores: una sola
prueba externa, con efectos académicos, que sirva para la obtención del título y para el acceso a la universidad.
Si nuestros representantes políticos ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en una cuestión tan concreta
como ésta, como vamos a pensar que lo hagan en cuestiones de mayor alcance y trascendencia.
En el relato de todos estos temas hay un denominador común, no se ha contado con el profesorado ni para buscar su impli-
cación ni para escuchar sus propuestas. Persiste el error contumaz de legislar de espaldas al profesorado ignorando
que es a éste a quien le corresponde aplicar todas las medias académicas que se aprueben.

Ante el inminente proceso electoral y desde el respeto absoluto a todas las opciones políticas, desde ANPE soste-
nemos que la Educación debe formar parte de una política de Estado, que responda al interés general de los ciu-
dadanos y no a intereses partidistas. El éxito y la calidad escolar, la formación y motivación de los docentes, la dota-
ción de los recursos necesarios y la confianza en un sistema educativo eficaz y avanzado deberían constituir el ver-
dadero debate educativo y el compromiso político y social de llevarlo a la práctica. Sólo este compromiso, entre
todos, pero contando siempre con el profesorado permitiría alcanzar los pactos y acuerdos necesarios que sienten
las bases para dotar de estabilidad al sistema y para contribuir a la mejora de la calidad de la Educación en
España.

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