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EDITORIAL

ANPE presenta en el Congreso de los Diputados

sus propuestas para el Pacto por la Educación

L pasado 21 de febrero ANPE compareció ante la Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y
Deporte, para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Tuvimos el privilegio
de ser los primeros comparecientes de una larga lista de más de 80 representantes de todos los sectores políticos
Ey sociales relacionados con el mundo educativo.
En nuestra intervención lo primero que hicimos fue dibujar un breve diagnóstico del estado de nuestro sistema edu-
cativo y la incidencia que han tenido los recortes en los últimos años, con el perjuicio originado en la enseñanza públi-
ca y su profesorado, así como la puesta en marcha de la LOMCE con toda la controversia generada por su aplicación
y desarrollo, porque solo desde el conocimiento de la realidad en la que nos encontramos se podrán propo-
ner medidas concretas para la resolución de los problemas que aquejan a la educación en España.
La primera cuestión que nos planteamos es si es necesario un pacto de estado en este momento.
Si el pacto que Nuestra respuesta es que en el escenario en el que nos encontramos, no queda más alternativa
se alcanzase no que, desde un pacto de estado previo, sentar las bases de una futura reforma educativa.
abordase en El pacto de Estado por la Educación debe partir, precisamente, del reconocimiento de esta
profundidad la situación necesidad. El diálogo que lo sustente deberá emplear el interés real por mejorar la calidad de
la enseñanza y el valor para modificar lo que no funciona, para adaptar la educación a los
del profesorado, éste nuevos retos y exigencias de una sociedad en continuo cambio y trasformación. Pero el pacto
nunca será no puede construirse en el vacío, y desde la generosidad para la búsqueda del consenso, debe
partir y asentarse en el principal pilar que tenemos hasta ahora, el artículo 27 de la Consti -
efectivo tución, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una educación moder-
na y de calidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. Desde este punto
de partida, será necesario evitar las discusiones estériles y abordar los objetivos y prioridades que culmi-
nen en un Pacto o Acuerdo básico de Estado, que debe ser político, social y territorial.
Para ANPE este pacto nos debe conducir a tres objetivos esenciales, en primer lugar recuperar el sentido etimológico
de educar frente al más limitado de enseñar. Inmediatamente después, la cuestión académica, combatir el abandono
temprano y el fracaso escolar, conciliando la equidad y la calidad para impulsar un sistema educativo de calidad y final-
mente ha de contribuir a revalorizar la profesión docente.

Desde estos objetivos hemos planteado nuestras prioridades que pasan por la reversión de los recortes en educación, la
prioridad de la enseñanza pública como garante de la cohesión social y el principio de igualdad de oportunidades, que
como principios transversales afectan a los verdaderos pilares que debe sustentar el pacto: la vertebración y cohesión
del sistema educativo, su modelo y estructura, la financiación, el funcionamiento de los centros que debe incluir un
plan Estratégico Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar, y el profesorado.
Precisamente la situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso
de mejorar la educación. Se trata de reconocer ya de una vez la importancia de la tarea docente y de tomar las medi-
das encaminadas a prestigiarla y protegerla, a motivar a los profesores y a reconocer su profesionalidad. De la excelen-
cia en la formación inicial y continua de los docentes, de sus posibilidades de progreso, de innovación, de estabilidad,
de reconocimiento de sus buenas prácticas, y de la mejora en sus condiciones laborales, depende en buena parte la cali-
dad del sistema educativo. Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste
nunca será efectivo.
Y en este apartado, tenemos que atrevernos a diseñar una ley de la profesión docente, que en el ámbito funcionarial se
incardine en el marco específico del Estatuto Docente, que regule, la formación, la selección, el acceso y el desarrollo
de una carrera profesional que sirva para impulsar la actividad docente y retribuir adecuadamente a los profesores.
Son cuestiones complejas, indudablemente, pero es necesario abordarlas en profundidad y alcanzar un consenso sobre
ellas si verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabili-
dad y eficacia a un sistema educativo moderno, que tiene que preparar a los ciudadanos para el mundo en el que van
a vivir, que es muy diferente al que está en trance de desaparecer, lo que supone sentar las bases para un sistema esta-
ble, pero a su vez en permanente renovación para no quedar obsoleto en poco tiempo.

Marzo 2017 3