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EDITORIAL


       ¿Habrá alguna vez un Estatuto Docente?







                                      esde hace varias legislaturas, la primera promesa de cada nuevo titular del Ministerio de
                                      Educación es el Estatuto Docente. Esta promesa, enmarcada en un discurso valorativo del
                                      profesorado, se convierte al poco tiempo en una mera declaración de intenciones, una frase
                               Dpara tallar en frontispicios, sin contenido real.
                                El pasado mes de julio parecía que, por fin, el Ministerio de Educación estaba decidido a iniciar el pro-
                                ceso negociador del Estatuto. En este contexto ANPE hizo llegar inmediatamente sus propuestas de lo
                                que debería constituir el marco básico y global de dicha norma, para que sea garante de estabilidad y
                                contribuya a la cohesión y vertebración del sistema educativo. A día de hoy no hay avance alguno.
                                Desde ANPE no nos cansamos de insistir en que la política del profesorado debe ocupar un lugar pre-
                                   ferente en el marco de la puesta en marcha de una reforma educativa. La actual situación del pro-
                                         fesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de
                                            mejorar  la  educación.  ANPE  ha  insistido  en  que todas  las  cuestiones  profesionales
                                              deben salir inmediatamente de la redacción de la LOMCE e incorporarse al Estatuto
                                               Docente. Por otro lado, el futuro Estatuto – si es que lo conseguimos alguna vez-
                      No quisiéramos            nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales
                                                adquiridos por los docentes en las últimas décadas y conseguidos también en el
                   constatar que fue una
                                                marco de la negociación sindical, que ahora, tras la política de recortes de los últi-
                    promesa incumplida          mos años, ha sufrido un considerable retroceso.

                                               Para ANPE, el Estatuto de la Función Docente debe ser definir las particularidades
                                             de la tarea docente en la función pública durante toda la vida profesional desde el
                                           acceso hasta la jubilación. Debe ser una norma básica y global, mucho más compleja que
                                        la mera definición de lo económico. Cuando se abra la negociación, en la que no nos can-
                                saremos de insistir, propondremos como elementos básicos del Estatuto:
                                • La identidad de la profesión docente: características propias, código deontológico y una carta de
                                  derechos y deberes en la que deberá estar regulado tanto el derecho a la libertad de cátedra como el
                                  régimen disciplinario de los docentes de la función pública.
                                • La definición de un modelo de función pública docente compatible con la articulación de políticas
                                  propias de las comunidades autónomas manteniendo el carácter estatal de los cuerpos docentes.
                                • Los requisitos básicos de la formación inicial del profesorado. La regulación básica de la formación
                                  continua y de sus efectos en el desarrollo de la carrera profesional.
                                • El desarrollo de un sistema de acceso a la función pública docente más eficiente, que valore los cri-
                                  terios de experiencia y capacitación profesional y armonice sus requisitos con la situación actual del
                                  profesorado interino.
                                • Una carrera profesional motivadora, con posibilidades de promoción vertical y horizontal que incen-
                                  tive la implicación del profesor y sus buenas prácticas. Este modelo debe contener la posibilidad de
                                  jubilación voluntaria anticipada.
                                • El reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función en todo el Estado.
                                • Memoria económica que asegure su implantación.

                                Por último, el Estatuto Docente debe garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo refe-
                                rente a políticas del profesorado, estableciendo claramente las competencias de las diversas administra-
                                ciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitar desigualdades entre comunidades autónomas.
                                También  el  actual  Ministro  de  Educación  –como  sus  antecesores– expresó  la  voluntad  de  que  el
                                Estatuto Docente fuese una norma del máximo rango legal. Llegó incluso a asegurar que su negocia-
                                ción correría paralela al trámite parlamentario de la LOMCE. No quisiéramos constatar que fue una
                                promesa incumplida. ANPE insta a la administración a una verdadera negociación con los legítimos
                                representantes del profesorado que permita llevar a efecto ese Estatuto Docente tantas veces prometi-
                                do. No todo pueden ser palabras.



                                                                                              Septiembre-octubre 2013 /  3
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