Page 21 - Revista ANPE 629
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Garantías y protección jurídica del
profesorado frente a los conflictos con
alumnado y familias
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La autoridad En el contexto educativo actual se observa dimientos disciplinarios o judiciales derivados
un aumento de los conflictos entre el pro- del ejercicio de su labor.
del profesorado fesorado, el alumnado y las familias. Lo que
y el respaldo antes se resolvía como una discrepancia Conflictos digitales:
puntual, ahora en muchos casos termina grabaciones y redes sociales
institucional de la derivando en quejas formales, expedientes A la conflictividad tradicional se suma un
Administración disciplinarios e incluso denuncias judiciales. fenómeno creciente: los conflictos digita-
Esta realidad hace necesario conocer con les. Cada vez es más frecuente la grabación DEFENSOR DEL PROFESOR
son pilares claridad cuáles son los tipos de responsabi- de clases sin consentimiento, la difusión de
esenciales para lidad que pueden exigirse al profesorado, así imágenes o audios del profesorado en redes
como las garantías legales que amparan el sociales o el envío de mensajes intimidatorios
garantizar un ejercicio de su labor. por canales digitales.
entorno educativo Estas prácticas pueden vulnerar derechos
Tipos de responsabilidad que
seguro. pueden exigirse al profesorado fundamentales como la propia imagen, la
protección de datos personales, el honor o la
Responsabilidad disciplinaria: Se activa cuan- intimidad. Ante estos casos, el profesorado
do se alegan incumplimientos de los deberes no solo puede exigir la retirada inmediata de
profesionales. No obstante, la normativa es los contenidos, sino también activar accio-
clara: toda sanción exige un expediente for- nes legales. Desde reclamar indemnizacio-
mal con sus garantías. nes, hasta exigir responsabilidades penales
Responsabilidad civil: En los centros públicos, cuando los hechos constituyan un delito, o
la Administración educativa responde directa- sanciones administrativas por infracción de la
mente por los daños causados en el ejercicio normativa de protección de datos.
de la función docente. El profesorado única-
mente asumiría responsabilidad personal en Recomendaciones para el
supuestos excepcionales en los que se acredi- profesorado ante situaciones
tara la existencia de dolo o negligencia grave. de conflicto
Responsabilidad penal: Es excepcional y • Documentar por escrito cualquier inci-
suele derivar de denuncias relacionadas con dente relevante.
presuntos malos tratos, lesiones o delitos • Informar de inmediato a la dirección del
contra la integridad moral. Los especialistas centro.
insisten en la conveniencia de contar con • Evitar reuniones conflictivas sin testigos o
asistencia jurídica desde el primer momento sin levantar acta.
para evitar situaciones de indefensión. • No responder a provocaciones por cana-
les informales.
Autoridad pública y presunción • Contactar con el servicio jurídico del sin-
de veracidad dicato.
El profesorado que actúa en el ejercicio de sus
funciones tiene la consideración de autoridad El deber de respaldo
pública. Este reconocimiento jurídico implica institucional
que sus manifestaciones gozan de presun- Los centros educativos y la Administración
ción de veracidad, salvo que exista prueba en tienen la obligación de activar protocolos de
contrario. Las agresiones, amenazas o coac- convivencia y protección, respaldar jurídica-
ciones dirigidas contra el profesorado pueden mente al profesorado afectado y garantizar
adquirir una mayor relevancia penal pre- un entorno laboral seguro, para salvaguar-
Almudena del cisamente por esta condición de autoridad. dar el derecho fundamental a la educación
Valle Barrado
Esta doctrina ha sido reiteradamente avalada y el correcto funcionamiento del servicio
Asesora Jurídica por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y público educativo. Teniendo en cuenta que
de ANPE debe ser invocada de forma expresa siempre la ausencia de apoyo institucional puede
que el profesorado se vea inmerso en proce- derivar en responsabilidad administrativa.

