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Garantías y protección jurídica del


        profesorado frente a los conflictos con


        alumnado y familias



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               La autoridad        En el contexto educativo actual se observa   dimientos disciplinarios o judiciales derivados
                                   un aumento de los conflictos entre el pro-  del ejercicio de su labor.
            del profesorado        fesorado, el alumnado y las familias. Lo que
                y el respaldo      antes se resolvía como una discrepancia   Conflictos digitales:
                                   puntual, ahora en muchos casos termina   grabaciones y redes sociales
         institucional de la       derivando en quejas formales, expedientes   A  la conflictividad  tradicional se  suma  un
            Administración         disciplinarios e incluso denuncias judiciales.  fenómeno creciente: los conflictos digita-
                                   Esta realidad hace necesario conocer con   les. Cada vez es más frecuente la grabación   DEFENSOR DEL PROFESOR
                  son pilares      claridad cuáles son los tipos de responsabi-  de clases sin consentimiento, la difusión de
            esenciales para        lidad que pueden exigirse al profesorado, así   imágenes o audios del profesorado en redes
                                   como las garantías legales que amparan el   sociales o el envío de mensajes intimidatorios
              garantizar un        ejercicio de su labor.               por canales digitales.
         entorno educativo                                              Estas  prácticas  pueden  vulnerar  derechos
                                   Tipos de responsabilidad que
                      seguro.      pueden exigirse al profesorado       fundamentales  como la  propia  imagen,  la
                                                                        protección de datos personales, el honor o la
                                   Responsabilidad disciplinaria: Se activa cuan-  intimidad. Ante estos casos, el profesorado
                                   do se alegan incumplimientos de los deberes   no solo puede exigir la retirada inmediata de
                                   profesionales. No obstante, la normativa es   los  contenidos, sino también activar  accio-
                                   clara: toda sanción exige un expediente for-  nes legales. Desde reclamar indemnizacio-
                                   mal con sus garantías.               nes, hasta exigir responsabilidades penales
                                   Responsabilidad civil: En los centros públicos,   cuando los hechos constituyan un delito, o
                                   la Administración educativa responde directa-  sanciones administrativas por infracción de la
                                   mente por los daños causados en el ejercicio   normativa de protección de datos.
                                   de la función docente. El profesorado única-
                                   mente asumiría responsabilidad personal en   Recomendaciones para el
                                   supuestos excepcionales en los que se acredi-  profesorado ante situaciones
                                   tara la existencia de dolo o negligencia grave.  de conflicto
                                   Responsabilidad penal: Es excepcional y   •  Documentar por escrito cualquier inci-
                                   suele derivar de denuncias relacionadas con   dente relevante.
                                   presuntos malos tratos, lesiones o delitos   •  Informar de inmediato a la dirección del
                                   contra la integridad moral. Los especialistas   centro.
                                   insisten en la conveniencia de contar con   •  Evitar reuniones conflictivas sin testigos o
                                   asistencia jurídica desde el primer momento   sin levantar acta.
                                   para evitar situaciones de indefensión.  •  No responder a provocaciones por cana-
                                                                           les informales.
                                   Autoridad pública y presunción       •  Contactar con el servicio jurídico del sin-
                                   de veracidad                            dicato.
                                   El profesorado que actúa en el ejercicio de sus
                                   funciones tiene la consideración de autoridad   El deber de respaldo
                                   pública. Este reconocimiento jurídico implica   institucional
                                   que  sus  manifestaciones  gozan  de presun-  Los centros educativos y la Administración
                                   ción de veracidad, salvo que exista prueba en   tienen la obligación de activar protocolos de
                                   contrario. Las agresiones, amenazas o coac-  convivencia y protección, respaldar jurídica-
                                   ciones dirigidas contra el profesorado pueden   mente al profesorado afectado y garantizar
                                   adquirir una mayor relevancia penal pre-  un entorno laboral seguro, para salvaguar-
             Almudena del          cisamente por esta condición de autoridad.   dar el derecho fundamental a la educación
             Valle Barrado
                                   Esta doctrina ha sido reiteradamente avalada   y el correcto funcionamiento del servicio
             Asesora Jurídica      por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y   público educativo. Teniendo en cuenta que
                de ANPE            debe ser invocada de forma expresa siempre   la ausencia de apoyo institucional puede
                                   que el profesorado se vea inmerso en proce-  derivar en responsabilidad administrativa.
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