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EDITORIAL

Y si no hubiera Pacto de Estado,

¿qué hacemos con la Educación?

ACE unas fechas, el PSOE anunciaba que abandonaba la subcomisión del Congreso para el
pacto de estado por la educación, decisión también secundada por PODEMOS y los parti-
dos nacionalistas justificándolo, entre otras razones, en que la propuesta de financiación se
Halejaba mucho del pretendido 5% del PIB. Al mismo tiempo, algunas organizaciones sindi-
cales y sociales abandonaron los grupos de trabajo de la comisión permanente del Consejo Escolar
del Estado en el que se estaba elaborando un informe evaluativo y propositivo, a instancias del
propio Ministro, sobre el contenido de los mencionados quince puntos acordados en
la subcomisión.
Desde ANPE,
No vamos a enjuiciar las razones que cada organización tiene para permanecer
y pese a nuestro
o abandonar el pacto educativo porque sería muy prolijo este examen. Lo que
escepticismo, nos
resulta evidente es que se sigue utilizando la educación como arma de confron-
ratificamos en la tación ideológica y si este panorama no cambia en los próximos días, consta-
necesidad del Pacto o al taremos la ruptura formal del pacto en el ámbito político y en el social.
menos, un acuerdo
Desde ANPE, y pese a nuestro escepticismo, nos ratificamos en la necesidad del
de mínimos pacto y por eso hemos permanecido en la comisión del Consejo Escolar del
Estado y en todos los foros de representación en los que hemos tenido ocasión de
participar, incluida la comparecencia en la subcomisión, haciendo aportaciones para
que se alcance un pacto de estado que sirva para dar estabilidad a nuestro sistema educativo. El pro-
blema que ahora se plantea, si definitivamente no se logra el tan deseado pacto, es saber qué va a
pasar con la gestión de la educación en los próximos años. Porque no olvidemos que esta legislatura
ha estado condicionada y supeditada a que hubiera un pacto educativo para sentar las bases de una
nueva reforma.

Efectivamente, así lo anunció el Presidente de Gobierno en el discurso de investidura, comprome-
tiéndose a la paralización de la LOMCE en algunos de los aspectos más polémicos, entre ellos las
evaluaciones. Por eso se aprobó el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa. En este RD se afirmaba que, con objeto de colaborar decidi-
damente al proceso de diálogo que debe concluir en el Pacto de Estado, Social y Político por la
Educación y en cumplimiento de los compromisos políticos asumidos, el Gobierno amplía el plazo
para la implantación de las evaluaciones, de manera que, mientras se lleven a cabo las negociaciones,
estas pruebas no tengan efectos académicos y serán de carácter muestral y de carácter diagnóstico en
los niveles obligatorios y en el caso del Bachillerato se realizará una prueba de características seme-
jantes a la hasta ahora vigente Prueba de Acceso a la Universidad y válida a los solos efectos de acceso
a la universidad.

Abril-mayo 2018 3