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EDITORIAL

Las disfunciones del sistema educativo

A convivencia de dos sistemas educativos diferentes en las aulas (LOMCE y LOE), después de que el Gobierno
decidiera desmontar poco a poco la controvertida LOMCE, con el objetivo de alcanzar un gran pacto educativo,
está generando disfunciones que se han visualizado, sobre todo, con la liquidación de las reválidas, que a partir de
Lahora sólo tendrán carácter orientativo y muestral, y en el proyecto de normativa que regula los requisitos para la
obtención del título de graduado en la ESO y en el Bachillerato.
Así, en la próxima prueba de evaluación final al término del Bachillerato los alumnos solo tendrán que examinarse de
las asignaturas generales del bloque de las troncales cursadas en el segundo curso de la etapa, lo cual supone que ya no
tendrán que examinarse de algunas asignaturas de peso, entre otras, como son la Literatura Universal o la Matemática
aplicadas a las Ciencia Sociales, en la prueba de acceso a la Universidad, después de que el Ministerio de Educación deci-
diera suprimir la reválida de Bachillerato y restableciera, parece ser que con el consenso de todas la comu-
nidades autónomas, un sistema de examen similar al de la Selectividad regulado en la anterior LOE.

Estas medidas En lo que respecta a la obtención del título de la ESO, no va a ser necesario sacar un 5 ni aprobar
todas las asignaturas para lograr el título. Cualquier alumno de 16 años con un 4,5 de media
atentan contra la en toda la ESO y con suspenso en Geografía e Historia y Matemáticas, por ejemplo, podrá
calidad y excelencia del salir del instituto con el título de la ESO debajo del brazo, y pasar incluso a cursar el
Bachillerato. La LOMCE exigía que el alumno, al menos, tuviera un 5 de nota media. Sin
sistema e incluso contra
embargo, la decisión –vigente desde diciembre pasado– de dejar sin efecto académico las
la propia autoridad reválidas ha llevado al Ministerio de Educación a elaborar un proyecto de normativa que si
magistral de los no se atienden a las recomendaciones que puedan surgir del Consejo Escolar del Estado y no
se da marcha atrás nos devuelve al sistema de evaluación que se venía aplicando anteriormente,
profesores que no es otra cosa que lo que regulaba la antigua LOGSE-LOE. El Ministerio aduce que la
media es coyuntural, mientras se llevan a cabo las negociaciones para el pacto de Estado, pero no
deja de ser una renuncia en toda regla a sus propios principios y planteamientos recogidos en la última
reforma.
Desde ANPE, hemos criticado siempre estas medidas instauradas en el modelo educativo español que rebajaban nota-
blemente en las últimas décadas la cultura de la exigencia, del rigor y del esfuerzo, recogidas en la regulación de los pro-
pios criterios de evaluación y promoción de curso. Se trata de un modelo que, buscando la igualdad y esforzándose por
conseguir la mayor equidad –reconocida en los informes internacionales– ha dado lugar a profundas desigualdades por-
que, cuando un sistema educativo tiene carencias, perjudica a quienes no pueden compensarlas con actividades externas.
Así que nos hemos encontrado con la paradoja de que el propio modelo igualitario crea la desigualdad.
Y nos hemos opuesto a esta devaluación del mérito porque no solo se perjudica al sistema educativo en general, sino a
la propia enseñanza pública, que es precisamente la más perjudicada por este modelo. Por ello, defendemos como nece-
sario un cambio de modelo educativo hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigen-
cia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo, conceptos que no están reñidos con la atención a la diversidad
o a las necesidades especiales, todo lo contrario, impulsan las verdaderas potencialidades de los alumnos, sea cual sea su
punto de partida.
El concepto del falso igualitarismo y las medidas académicas de bajada de niveles devaluando el mérito y el esfuerzo han
perjudicado a varias generaciones de alumnos y han desmotivado a los profesores. Estas medidas atentan contra la calidad
y excelencia del sistema e incluso contra la propia autoridad magistral de los profesores.
Y una última reflexión, a estas disfunciones que afectan a la cultura del rigor y el esfuerzo debemos añadir otra, cual es
la continua improvisación y los cambios de criterios recogidos en la normativa a dos meses del final de curso, lo que
genera desconcierto y confusión entre el profesorado y el alumnado.
La búsqueda de un pacto educativo, que es un objetivo loable, no puede hacerse a cualquier precio, si para ello se ha de
renunciar a los verdaderos principios vertebradores de la educación: la responsabilidad, el respeto, la autoridad magistral,
el esfuerzo, la exigencia, la excelencia en la medida máxima de las posibilidades de cada alumno y la propia evaluación
como instrumento de medir el progreso en el aprendizaje.
Aunque somos escépticos, aún se está a tiempo de rectificar.

Abril-mayo 2017 3