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EDITORIAL

Estado, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que per-
mita conseguir una educación de calidad buscando la equi-
dad que nos equipare con los países más avanzados de nues-
tro entorno. Desde este punto de partida, será necesario evi-
tar las discusiones estériles y abordar las prioridades que en
nuestra opinión son:

La vertebración y cohesión del sistema educativo. La
transferencia de las competencias educativas a las comunida-
des autónomas no exime al Estado de definir los principios y
contenidos básicos comunes para todos y de garantizar la
cohesión del sistema educativo. La coordinación y coopera-
ción entre todas las administraciones educativas es funda-
mental para atender a la programación general y a la ordena-
ción territorial de la Educación dentro de la unidad básica
del sistema educativo.

El modelo y estructura del sistema educativo. El Pacto deberá revisar el modelo pedagógico actual y su
estructura, que con ligeros retoques, ha permanecido inamovible desde hace más de 25 años. Sólo una
escuela pública de calidad excelente, en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le
exija un esfuerzo para lograrlo, puede compensar las desigualdades socioeconómicas y garantizar el prin-
cipio de igualdad de oportunidades. También es hora de que nos atrevamos a modificar la estructura
actual de la Secundaria para que responda mejor a los intereses y capacidades de los alumnos y ampliar
un año más el Bachillerato.
Debemos prestigiar como merece la Formación Profesional, para hacer frente a la competencia interna-
cional con la mejor capacitación de los trabajadores. El déficit de titulados de FP exige un impulso res-
ponsable de las administraciones educativas y requiere un diseño actualizado de la oferta formativa y un
aumento real de las plazas ofertadas a los alumnos.
La financiación de la enseñanza. Debe existir un compromiso para destinar a Educación más recursos,
recuperar el 5,2% de antes de la crisis y alcanzar, al menos, un 6% del PIB para en los próximos años y
aparcar la recurrente e interesada discusión de que los recursos económicos no tienen relación con los ren-
dimientos educativos, cuando resulta que hemos dejado de invertir más de 7.000 millones de euros en los
últimos cinco años y nos alejamos cada año de la inversión educativa, respecto a los países de la Unión
Europea.

La situación del profesorado, la asignatura pendiente de todas las reformas. Es urgente un Estatuto del
Profesorado que defina un modelo de función pública docente que constituya un marco básico para los
docentes de todo el Estado, que contemple el desarrollo de una auténtica carrera profesional desde el
ingreso hasta la jubilación, así como la articulación de medidas que devuelvan la autoridad al docente,
dignifiquen la figura del profesor, le devuelvan su valoración social y hagan más atractiva la profesión
docente para los titulados universitarios.

El funcionamiento de los centros. Necesitamos desarrollar el principio de autonomía pedagógica y orga-
nizativa de los centros y diseñar un nuevo marco de la función directiva incardinada en la carrera profe-
sional, regular la participación y la convivencia en los centros, así como asegurar el equilibrio en la esco-
larización en todos los centros sostenidos con fondos públicos y dotar a la enseñanza pública de los medios
y recursos necesarios para hacer verdaderamente posible el derecho constitucional a la libertad de elección
de centros.
Son cuestiones complejas, indudablemente, pero es necesario alcanzar un consenso sobre ellas si verdade-
ramente queremos sacar a la Educación de la confrontación ideológica permanente y sentar las bases para
un sistema educativo moderno que pueda dar respuesta a los retos que España tiene como país desarro-
llado en un mundo globalizado y en un entorno altamente competitivo. No deberíano dejar escapar una
nueva oportunidad.

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