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EDITORIAL

de centro por padres o tutores. Se trata de un desarrollo acertado del artículo 27 de la Constitución española que,
hasta ahora y en sus 10 puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho de
todos a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres a elegir la formación religiosa o moral para sus
hijos”. Y, todo ello, complementado con la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, que sitúan en el
mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico
de ambos derechos.

La aplicación de estos preceptos ha venido funcionando razonablemente bien en España a través de las diferentes
leyes educativas. Existe, hasta ahora, un equilibrio ponderado que otorga a la enseñanza pública un 70% del alum-
nado y en torno al 30% restante a la concertada y privada, con algunas variaciones en las distintas CC.AA.

Ante esta polémica, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, a través de su presidente, ha salido en
tromba a defender a la escuela concertada, primero reuniendo a todas las CC.AA. gobernadas por su partido y, el
mismo día, reuniéndose con todas las patronales y organizaciones del sector para garantizar este modelo de edu-
cación como pilar esencial para millones de familias, según se indicaba en un tweet difundido a tal fin. Nuestra
respuesta fue inmediata a través de otro tweet: Eso está muy bien, Pablo Casado, pero, ¿para garantizar mejores
medios y recursos para la enseñanza pública no habéis previsto nada? Y contestamos de este modo, porque
está bien defender a la concertada, cuya educación desde ANPE no sólo no cuestionamos, sino que está garanti-
zada por el marco constitucional y su desarrollo normativo y jurisprudencial vigente. Pero, echamos en falta una
defensa de la enseñanza pública, que es la única que llega a todos los rincones de España garantizando la cohesión
social y el principio de igualdad de oportunidades. Cuesta trabajo entender cómo el principal partido de la opo-
sición se olvida sistemáticamente del 70% de las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza pública, de sus alum-
nos (más de 7 millones), y de sus profesores, casi 500.000. Y no será porque no ha habido ocasiones para salir a
defenderla en estos últimos años ante los recortes, aumentos de ratios y del horario lectivo de profesorado, supre-
sión de programas de compensación, de unidades, etc. En definitiva, medidas que han atentado claramente contra
la calidad de la enseñanza pública.
Y, una última reflexión, está bien defender la libertad de elección, pero antes existen unos presupuestos básicos
para poder ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, como son dotar a los centros públicos de medios y
recursos humanos y materiales para poder ofertar una enseñanza de calidad. Habrá que hablar también de una dis-
tribución racional del alumnado impidiendo procedimientos de selección espurios para inadmitir o rechazar aquel
alumnado que presenta unas especiales dificultades en su escolarización.
En estos momentos, de incertidumbres, ante el inicio de una nueva legislatura, nada resulta menos recomendable
que los debates ideológicos y las polémicas innecesarias, lo que demanda nuestro sistema educativo son soluciones
y no dilapidar algunos consensos básicos que han funcionado razonablemente bien, conciliando la libertad y la
igualdad, para poder afrontar los retos y desafío a los que urgentemente se tiene que enfrentar la educación en
España.

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