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EDITORIAL

Los recortes en educación son incompatibles con la calidad

L Real Decreto 14/2012 de “medidas de racionalización de gasto público” estuvo justificado, según el Gobierno,
por una coyuntura económica de máxima gravedad. Desde el instante mismo de su publicación en el BOE,
este Decreto ha servido al Ministerio y a las Comunidades Autónomas para justificar la aplicación de los recortes
Een plantillas, programas educativos y derechos laborales. Ahora que el propio Gobierno afirma que comienza
a superarse la crisis económica, es el momento de derogar una normativa que ha castigado profundamente al sistema
educativo y en cuyo articulado se recoge precisamente su carácter coyuntural.
Este Real Decreto fue el punto álgido de la política de recortes llevada a cabo en el ámbito educativo desde el año
2010, plasmados en los sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de las CCAA. El RD14/12 supuso
el incremento de las ratios escolares; el aumento de la jornada lectiva para los docentes; la eliminación de comple-
mentos retributivos; la modificación de la cobertura de sustituciones por bajas laborales y la reducción hasta el 10%
de la tasa de reposición de efectivos docentes, entre otros muchos perjuicios. Estas medidas se han traducido en la
no renovación del puesto de trabajo de miles de profesores, el cierre de unidades en la escuela rural, la imposibili-
dad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad, la pérdida sustancial de derechos
laborales y profesionales consolidados por los profesores, dejar sin sustitución los diez primeros días
Ahora lectivos de cada baja por enfermedad, y la práctica desaparición de la oferta de empleo público
docente. Son muchas medidas, que sumadas, suponen un evidente deterioro de las condicio-
que el propio
nes laborales del profesorado y de la propia calidad educativa.
Gobierno afirma que
Por su influencia determinante en el futuro de la enseñanza pública, conviene reflexionar
comienza a superarse la sobre la escasa o, incluso, la nula oferta de empleo público en los últimos años. El 10% de
la tasa de reposición de efectivos es un porcentaje tan exiguo e insuficiente que no es capaz
crisis económica, es el
de cubrir las necesidades mínimas del sistema educativo: no permite ajustar las plantillas,
momento de derogar unas ni renovar los efectivos ni cubrir las vacantes y no supone ningún ahorro efectivo para la
administración. Lo único que se logra es dar excusas a la mayoría de las administraciones
medidas que han
educativas para no convocar oposiciones un año tras otro. Mientras tanto, el empleo esta-
castigado al sistema ble se transforma en temporal, al disminuir los funcionarios docentes y cubrir las vacantes
necesarias solo con profesorado interino, lo que produce situaciones de inestabilidad en las
educativo
plantillas de los centros porque cambian anualmente. Los interinos son un colectivo necesario en
su medida justa pero vulnerable por su situación de precariedad laboral. Es imprescindible que la ofer-
ta de empleo público docente reponga todas las plazas vacantes después de ajustar las plantillas y sacar todas
las plazas a concurso de traslados. Es necesario abrir una horquilla de máximos y mínimos para la tasa de reposición,
nunca en un porcentaje inferior al 50%, que permita a las comunidades autónomas completar adecuadamente las
plantillas de los centros conforme a las especialidades docentes. El Ministerio debe coordinar y liderar la oferta de
empleo de manera que se garantice una suficiente oferta de empleo anual en todas las comunidades y la obligatorie-
dad de convocar anualmente, tal como dictamina el artículo 10 de la Ley 7/2007, vigente en la actualidad.
Pero por supuesto hay mucho más: los profesores y la educación llevan desde el inicio de la crisis económica some-
tidos, antes que nadie, a ajustes y recortes mientras se han seguido manteniendo gastos suntuarios del Estado y las
comunidades autónomas. El profesorado presta a la sociedad un servicio esencial, y sus condiciones de trabajo no
pueden estar en constante variación según los criterios que vayan marcando los ajustes presupuestarios o las políti-
cas autonómicas. Por ello, ANPE lleva años exigiendo que todo lo relacionado con las condiciones de trabajo del
profesorado se aborden ya en la norma de carácter básico y de nivel estatal –el Estatuto Docente– que el ministro
de Educación prometió y del cual seguimos, a día de hoy, sin una propuesta formal y un calendario de negociación.
Como tantas veces ha sucedido el Estatuto docente parece abocado a dormir el sueño de los justos.
Toda la batería de recortes ha sufrido la educación ha dificultado sustancialmente no solo la atención de calidad a
los alumnos sino el desarrollo de los programas de mejora de los centros. Son medidas incompatibles con el desa-
rrollo de una Ley de Educación que lleva en su título las palabras “mejora de la calidad”.
Por tanto, ante el anuncio de recuperación económica, ANPE exige la derogación inmediata del Decreto 14/12, que
permita revertir sus efectos, aumentar la inversión educativa y recuperar los derechos perdidos por el profesorado.
Son pasos imprescindibles ante la entrada en vigor y desarrollo inmediato de la LOMCE. Exigimos que el Gobierno
de este paso adelante, si tiene una voluntad real de mejorar la educación y, por supuesto, la negociación real de un
Estatuto Docente. El mantenimiento de estos recortes es incompatible con las aspiraciones de mejorar la calidad de
la educación.

Marzo 2014 / 3