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AUTONOMÍAS

Llamadas al Defensor

El siguiente paso...

Mas que llegar a conclusiones o conjeturas interpretativas de los datos que hemos recogido, lo que realmente
nos ha enseñado esta experiencia hasta ahora es la necesidad de actuar ya, de prevenir desde la situación ex-
cepcionalmente privilegiada que tenemos con relación a otras CCAA en lo que a problemas de convivencia
se refiere.
Parte del camino se está recorriendo ya, pero consideramos que el profesorado necesita gozar de medidas
más eficaces y específicas para enfrentarse con seguridad y solvencia a esas situaciones difíciles, relacionadas
con la “malvivencia“, que por desgracia cada vez es más frecuente en los centros educativos.
Para ello ANPE-GALICIA solicita a la Administración Educativa que proporcione al profesorado gallego un
Servicio de Asistencia Jurídica y Seguro de Defensa al Profesorado. Este servicio ya existe y está en funciona-
mento en otras comunidades autónomas.

Murcia

POR UNA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

ANPE ha obtenido el compromiso del Gobierno regional para crear una Ley de autoridad pública de
los docentes y que toda agresión a los maestros sea considerada atentado a funcionario público.

ANPE Murcia plantea la necesidad de valorar la fi- saldan con multas que oscilan entre 150 ó 180 eu-
gura del profesor en los centros, haciendo hincapié ros". Y es que las penas se consideran como faltas y
en las campañas de dignificación que recoge el se aplica el código civil, mientras que, de aplicarse
pacto educativo y en la necesidad de que en la el código penal, podrían suponer una pena de pri-
Región de Murcia pueda haber una Ley de autori- sión de uno a tres años.
dad pública de los docentes, como existe en otras
comunidades autónomas, para mejorar la convi- El presidente Valcárcel se ha comprometido a iniciar
vencia en los centros y la calidad en la enseñanza. las acciones que conduzcan a la elaboración de esa
Ley de autoridad pública en el plazo más corto po-
En concreto, esta Ley dotaría al profesor de la pre-
sible. ANPE ha solicitado a Valcárcel que las agre-
sunción de veracidad porque pasaría a ser una auto-
ridad pública con respaldo de la Administración. De siones a docentes se consideren atentado a funcio-
esta forma, la parte denunciante sería la que tendría nario público.
que demostrar que el profesor ha hecho algo, lo que Al parecer, el consejero de Educación, Formación y
Hernández consideró muy importante ante el alza de
Empleo, Constantino Sotoca ha confirmado ya que
denuncias falsas que proliferan contra los profesores.
los trámites con el fiscal jefe de la Audiencia
Además, de existir una Ley de autoridad pública, las Provincial se ha avanzado bastante y ya existe un
consecuencias de las agresiones serían "un poco más documento que se encuentra en Madrid para que la
graves de las que hay en estos momentos y que se Fiscalía General del Estado dé su aprobación. 55
DICIEMBRE 2011