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EDITORIAL

Unas nuevas elecciones generales

para superar la parálisis institucional

a convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el próximo día 10 de noviembre, ante la imposibilidad
de formar un gobierno tras el proceso de las celebradas el pasado 28 de abril, nos sitúa de nuevo en el mismo
punto de partida a la espera que el resultado electoral despeje el panorama político de la provisionalidad y la ines-
Ltabilidad que han marcado el pasado más reciente.
El último informe de la Comisión Europea advierte a España de la necesidad de afrontar las reformas pendientes y seña-
la los aspectos que urge abordar en nuestro sistema educativo, que pasan por la mejora de la financiación, la reducción
del abandono temprano y la mejora de los resultados educativos teniendo en cuenta las disparidades regionales, así como
la situación del profesorado, ente otros aspectos no menos relevantes como el escaso impulso de la formación profesio-
nal, para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Nada de estas cuestiones nos resultan ajenas porque desde ANPE llevamos mucho tiempo reivindicándo-
las. Sucede, que no hemos sido capaces, hasta ahora, de encontrar la estabilidad gubernamental y par-
lamentaria junto a la voluntad política que nos hubiera permitido impulsar un acuerdo de Estado
La Comisión que siente las bases de los aspectos más relevantes a los que se tiene que enfrentar la educación
en España en un futuro inmediato.
Europea advierte a
España de la necesidad El balance de la compleja y accidentada legislatura, que acaba de finalizar, con una nueva
investidura fallida, no invita al optimismo. Tras dos gobiernos de diferente signo político
de afrontar reformas tuvimos un nuevo intento de pacto de estado frustrado durante el gobierno del PP y la ges-
urgentes en el sistema tación de una nueva reforma educativa parcial e insuficiente, cuyo proyecto de ley fue apro-
bado en el Consejo de Ministros desde el pasado 15 de febrero, que sigue aparcada a la espera
educativo
de la configuración de un nuevo gobierno.
A estas alturas, todos los diagnósticos están hechos y detectadas las necesidades, los retos y desafíos
inmediatos a los que se tiene que enfrentar la educación en España: lo que hace falta es poder acome-
terlos desde la estabilidad y con visión de Estado para no seguir instalados en las dinámicas de leyes alter-
nativas de partidos, de reformas y contrarreformas que nos abocan a un clima continuo de provisionalidad.
Porque necesitamos una reforma global y profunda del sistema educativo con vocación de perdurabilidad, que permita
la estabilidad normativa necesaria para acometer los cambios tantas veces demandados: la introducción de los cambios
en la estructura y el modelo del sistema educativo que afecten al diseño curricular, la flexibilización de la secundaria y
la creación de un bachillerato en tres cursos, junto con el desarrollo e impulso, tanto, de la Formación Profesional la
reglada como la dual.

Todo ello dentro de la regulación de un marco competencial básico en el estén perfectamente definidas las atribuciones
del Estado y de las CC.AA., ya que cada vez es mayor la desvertebración educativa que, no sólo, se manifiesta en los
contenidos de los libros de textos, sino en la propia distribución curricular, o, también, en la elaboración y aplicación
de las pruebas de evaluación y en otros aspectos de la gestión educativa, que se traducen, luego, en la brecha educativa
entre las distintas comunidades, que atenta contra la cohesión territorial y el principio de igualdad de oportunidades.
La próxima legislatura debería abordar ya de modo ineludible la situación del profesorado y su futuro profesional, pero
afrontándolo desde una perspectiva global y no con propuestas aisladas y desconectadas que no resuelven el problema
de fondo como las que han irrumpido en el debate electoral sobre el denominado MIR docente y con la evaluación del
profesorado. Para ANPE estas propuestas deben ir incardinadas en una Ley de la Profesión docente que regule el diseño
de la profesión para todo el que se vaya a dedicar a la docencia así como la promulgación de un Estatuto docente espe-
cífico para la función pública.

Todos estos cambios son imprescindibles. Ojalá, que tras el proceso electoral del 10 de noviembre, se pueda conformar
un gobierno estable con los apoyos parlamentarios suficientes para dar respuesta a los retos y desafíos a los que se enfren-
ta nuestro sistema educativo, agravados por la parálisis institucional a la que la situación política nos ha abocado en los
últimos años.

Noviembre 2019 3