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EDITORIAL

NUEVO CURSO:

Incertidumbre, inestabilidad y retos pendientes

A situación política actual nos conduce a la celebración de un nuevo proceso electoral general. Llevamos varios cur-
sos en los que el sistema educativo transita por la incertidumbre y la inestabilidad, condicionado por los sucesivos
procesos electorales que paralizan la acción de gobierno. La parálisis institucional repercute en todos los sectores de
Lla vida política, pero incide, especial y muy negativamente, en el ámbito educativo porque nos encontramos con
una ley educativa, la LOMCE, muy cuestionada en su aplicación y, además, desvirtuada tras la modificación de algunos
de sus aspectos más relevantes, como las evaluaciones, que fueron suspendidas a la espera de alcanzar un Pacto Educativo,
generando una nueva controversia sobre cuál debe ser la normativa aplicable a las evaluaciones, establecidas en dicha ley,
y a los requisitos necesarios para titular en secundaria y bachillerato, una vez que ha fracasado el pacto.
La pasada legislatura asistimos a dos procesos frustrados: el pacto de estado durante el mandato del Partido Popular y tras
la moción de censura, la aprobación de un proyecto de ley de reforma educativa (LOMLOE), que no pasó al trámite legis-
lativo por la disolución de las cámaras y la convocatoria electoral, que no es más que una reforma parcial
y sesgada, que si bien corrige algunas disfunciones de la LOMCE, sin embargo no es la reforma
global y profunda que, a nuestro criterio, necesita la educación en España.

En este escenario, son muchos los retos pendientes que hay que afrontar, pero la falta de con-
La parálisis figuración de un gobierno estable y la situación de incertidumbre y provisionalidad no ayuda
precisamente a dar respuesta a los mismos. Desde ANPE hemos venido proponiendo un
institucional repercute
decálogo de propuestas y reivindicaciones básicas para la mejora del sistema educativo,
especialmente en el de la enseñanza pública y de las condiciones laborales del profesorado. Serán las pro-
ámbito educativo puestas que llevaremos ante el nuevo gobierno que surja de las urnas y ante los distintos
Gobiernos autonómicos. ¡Ojalá podamos tener una legislatura estable y no sometida a las ten-
siones e incertidumbres de la pasada!
Ante los reiterados fracasos para lograr un pacto de estado, insistiremos en la necesidad de lograr
un acuerdo básico y de mínimos que permita la estabilidad normativa desde unas mejoras reales y efec-
tivas, que pasan por la financiación, por la introducción de cambios en la estructura y el modelo del sistema educativo que
afectan al diseño curricular, por regular la situación del profesorado y por asegurar la vertebración y cohesión territorial
para garantizar que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades. Todo ello con el objetivo de resolver los proble-
mas de fracaso y abandono escolares, mejorar los rendimientos educativos de todo el alumnado e impulsar y prestigiar,
como se merece, la enseñanza pública.
Precisamente, venimos incidiendo en que uno de los problemas que hemos de abordar es el de la cada vez mayor des-
vertebración educativa que, no solo, se manifiesta en los contenidos de los libros de textos, sino en la propia distribu-
ción curricular, en la elaboración y aplicación de las pruebas de evaluación y en otros aspectos de la gestión de la edu-
cación como la financiación, que se traducen luego en la brecha educativa entre unas CC.AA. y otras, como nos mues-
tran los resultados de los informes internacionales. Todo ello atenta claramente contra la cohesión territorial y el prin-
cipio de igualdad de oportunidades. De esta situación no es ajeno el profesorado, con las diferencias retributivas entre
unas CC.AA. y otras cuestiones que afectan al derecho a la movilidad y a las propias condiciones de acceso, pese a per-
tenecer a Cuerpos de carácter estatal.
Y entre los retos pendientes, está también, el de abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, si realmente
queremos asumir el compromiso de mejorar la educación. Por ello, cualquier cambio de calado, que se quiera acometer en
nuestro sistema educativo, deberá afectar a la situación de los docentes, porque ellos son la clave para llevar adelante cual-
quier reforma que conlleve políticas de modernización y de adecuación del sistema educativo acorde a los cambios sociales
y tecnológicos que se están produciendo. Como hemos venido reivindicando a lo largo de la pasada legislatura, de
cara al futuro, es necesario diseñar la profesión docente en una doble vertiente: una Ley de la Profesión Docente y
un Estatuto del Profesorado; que defina como atraer a los mejores profesores a las aulas, como formarlos y como
regular una carrera profesional atractiva y motivadora para el desempeño de su función. Pero, para el presente
inmediato, debemos acordar, sin más dilación, medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la tarea docente
ya que pasan las legislaturas, se suceden los cambios de Gobierno y la situación del docente permanece inalterable. Sin
olvidar que es el propio profesorado quien, con su entrega, competencia y profesionalidad, salva, día a día, las carencias
del sistema educativo y las situaciones de incertidumbre e inestabilidad a la que se ve abocado.

Septiembre-octubre 2019 3