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EDITORIAL

Por la igualdad de derechos del alumnado y

del profesorado en todo el territorio nacional

NAS declaraciones de la Exministra García Tejerina han abierto una enorme polémica al afirmar
que un niño de 10 años en Andalucía sabe lo que uno de ocho años en Castilla y León. Ello ha
puesto de manifiesto el debate de las "significativas diferencias" académicas que existen entre las
Uregiones españolas y a ello se llega extrapolando los resultados del informe PISA que, en ningún
caso, nos pueden conducir a ese resultado tan determinante de una diferencia de dos años en
esos niveles educativos aun reconociendo la brecha significativa existente entre unas CCAA
y otras. Desde ANPE hemos sido muy críticos con PISA, cuyos informes no dejan de
La ser unos indicadores muestrales, por la poca población escolar que participa en este

Educación como examen y porque las pruebas evalúan las competencias, y no los conocimientos de los
alumnos. Además, hay que tener en cuenta que las posiciones de partida y las reali-
herramienta básica de
dades sociales son distintas en cada territorio.
regeneración social debe
Tampoco podemos negar que la brecha existe entre regiones, en poblaciones e incluso
ser un asunto de dentro de los propios centros educativos. Son muchos los factores que inciden en los
Estado resultados de estas pruebas. El problema de fondo, como venimos denunciando reite-
radamente desde ANPE, es la enorme desvertebración educativa que soportamos y la frag-
mentación en 17 subsistemas de nuestro sistema educativo. Y ello afecta a la igualdad de
derechos no solo del alumnado sino también del profesorado en función de la CCAA en que resi-
dan. Por eso afirmamos que la educación como herramienta básica de regeneración social debe ser un
asunto de Estado y no de partido o de territorio y en esta línea hemos venido reclamando un pacto o
acuerdo básico que debe ser político, social y territorial. Y decimos territorial porque otro aspecto que no
hemos logrado solucionar es el de la vertebración y cohesión de nuestro sistema educativo, cada vez más
disgregado y que tiene una evidente incidencia en los problemas territoriales que ahora estamos viviendo.
Para ANPE, cualquier reforma educativa –que es política de Estado– debe afirmar la garantía de unas
enseñanzas básicas comunes; la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas;
y la garantía para todos los alumnos del dominio de la lengua común del Estado junto a las lenguas coo-
ficiales de sus respectivas comunidades autónomas. Y la asunción de las competencias por las CCAA no
es incompatible con este marco común básico, como recientemente ha dictado el Tribunal Constitucional
respecto al uso de las lenguas. Hacemos extensivo estos criterios a los Cuerpos estatales que deben regirse
por las mismas condiciones de acceso, el derecho a la movilidad en todo el territorio y a la equiparación
salarial. Sólo así se evitarían las enormes diferencias y desigualdades entre unas CCAA y otras como pode-
mos comprobar con los propios resultados de los informes internacionales. Porque PISA no evalúa al sis-
tema educativa español sino a las fracciones que representan determinadas CCAA y no todas.
Recientemente la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad una Proposición
no de Ley para recuperar la asignatura de Filosofía en la ESO y Bachillerato. La intención ahora es
incluir el texto en el proyecto de ley que está elaborando el Gobierno para modificar la Lomce. El texto
señala la intención de «diseñar un currículum común para todo el sistema educativo no universitario,
que sea al mismo estable y flexible en los contenidos». Es una buena decisión en la línea de recuperar
consensos en educación que deberían ampliarse a otras muchas cuestiones pendientes. Ello es básico si
queremos que la educación sea un instrumento idóneo para articular y vertebrar la cohesión social y la
igualdad de derechos de todo el alumnado y el profesorado en todo el territorio nacional.

Noviembre 2018 3