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EDITORIAL

Y después de la huelga, ¿qué?

L pasado 24 de octubre ANPE convocó al profesorado a una huelga en protesta por las medidas
de la LOMCE que perjudican a la enseñanza pública y a su profesorado, y contra los recortes en
educación, que contó con el apoyo de todas las organizaciones representativas del profesorado,
Etanto de la enseñanza pública como de la concertada. Esta presencia masiva no puede resultar
indiferente. La falta de diálogo y de una verdadera negociación que ha acompañado el proceso de
elaboración de la LOMCE ha producido un rechazo a esta ley traducido en una crispación sin
precedentes en la comunidad educativa. A estas alturas los responsables del Ministerio de Educación
deben convencerse de la necesidad imperiosa de modificar la redacción actual de la LOMCE e incluso
retirar las medidas que generan el rechazo de la comunidad educativa: la configuración y el diseño
curricular, la pérdida de peso de importantes materias y las medidas que perjudican directamente a la
enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado.
En este sentido sería necesario, como mínimo, un aplazamiento en el trámite final parlamen-
Después de la tario que permitiera revisar las medidas más controvertidas de la ley y lograr un acuerdo
básico sobre ellas. De hecho, este aplazamiento se ha producido por las modificaciones
huelga el Gobierno debe durante el paso por el Senado y la dificultad de desarrollar los Decretos correspondien-
reflexionar sobre la tes por parte de las Comunidades Autónomas. Dejando aparte otras consideraciones,
oportunidad y la validez de es preocupante que ni los dictámenes del Consejo de Estado o el Consejo Escolar, ni
las propuestas serias y razonadas de ANPE y otras organizaciones del profesorado, ni
una ley que nace ya con fecha las enmiendas de partidos políticos hayan podido modificar algunos artículos fuerte-
de caducidad y no ha mente polémicos o directamente perjudiciales para la enseñanza pública por la falta de
conseguido el menor receptividad del Ministerio de Educación.
consenso político ni Después de la huelga el Gobierno debe reflexionar sobre la oportunidad y la validez de
una ley que nace ya con fecha de caducidad y no ha conseguido el menor consenso políti-
social. co ni social. Como ANPE ha venido denunciando esta reforma se orienta solamente hacia el
cambio curricular y deja de lado las políticas del profesorado. Es fundamental que el Ministerio
abra un proceso negociador para abordar el Estatuto Docente y que cesen inmediatamente los recortes
en educación.
Cuando parece atisbarse el principio de la recuperación económica, el panorama de los recortes ya efec-
tuados nos sitúa en un momento crítico para el profesorado de la enseñanza pública. Si la educación
fue la destinataria de los principales recortes, recuérdese el famoso RD 14/2012 y los sucesivos
Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, debería ser ahora, en justa correspondencia, la
primera beneficiaria de la deseada recuperación. Es imperativo devolver el derecho educativo de los
alumnos con programas de mejora o de atención a la diversidad; debe convocarse por fin una amplia
oferta de empleo público en el próximo presupuesto que superen la insuficiente tasa del 10%; deben
devolverse al profesorado los derechos perdidos en estos años de políticas restrictivas: la paga extraor-
dinaria, el derecho a causar baja por enfermedad sin sufrir quebranto económico y otros derechos labo-
rales que en nombre de la crisis nos han sido arrebatados.

La aplicación de la Ley resulta inviable el próximo curso con la redacción aprobada por el Congreso.
Urge pactar la financiación y un calendario viable de aplicación. Aún así, cuando entre en vigor, le espe-
ra al profesorado una dificultad añadida a causa de la complejidad de algunas de las medidas, la difi-
cultad en la organización de los centros, la distribución de los horarios de las materias y a la inciden-
cia actual de los recortes en los efectivos docentes.

La sociedad española es consciente de la importancia de la educación y se merece una reforma educa-
tiva que responda a las necesidades de profesores y alumnos, contenga medidas que combatan verda-
deramente el fracaso y abandono escolar, motive al profesorado y le devuelva la confianza. Si en este
momento crítico el Gobierno de España no es capaz de escuchar este rechazo de la comunidad educa-
tiva y de limar las medidas más controvertidas de la ley y cesar inmediatamente los recortes reponien-
do el estatus anterior, la LOMCE será un proyecto agotado antes de nacer y una lamentable oportuni-
dad perdida para hacer la reforma global, profunda y con visión de futuro que necesita la educación en
España.