REVISTA ANPE 621

E D I T O R I A L E N E R O - F E B R E R O 2 0 2 4 R E V I S T A P R O F E S I O N A L A N P E 6 2 1 4 pueden cursar las especialidades que resultan de su interés o para las que están motivados. No menos relevante a nivel mediático ha sido el anuncio del presidente del Gobierno, de la pues- ta en marcha de un plan de refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora, a raíz de los malos resultados del último informe PISA. Una medida que aplaudimos en cuanto que significa inversión en el área educativa, pero que no es la solución a los problemas que se pretende afrontar y no deja en definitiva de resultar una medida cla- ramente insuficiente. La situación reflejada por el informe PISA viene de lejos, lo que debería haber motivado la puesta en marcha de actuaciones estructurales, y no coyun- turales. Nuestro sistema educativo está sometido a constantes cambios y vaivenes derivados de las sucesivas leyes orgánicas de Educación, ninguna de las cuales se ha acercado siquiera a los diez años de vigencia que se precisan como mínimo para realizar un balance sobre los efectos y alcance de su implantación. Ninguna actuación que no asuma la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo llevada a cabo desde el consenso político mediante al menos un acuerdo de mínimos, y con la participación activa del profesorado y sus repre- sentantes, así como del resto de actores implicados para asegurar la necesaria estabilidad y perdurabili- dad en el tiempo, no podrá ser más que un parche o remiendo coyuntural. Ojalá, como ha anunciado la ministra, haya llegado el momento para el profesorado, pero para con- seguirlo hay que demostrar una clara voluntad de hacerlo, y llegados a este punto, de hacerlo bien. De lo contrario, esta oportunidad podría de nuevo malograrse. Tras tan larga espera, ANPE no avalará un Estatuto a cualquier precio y sin las mínimas ga- rantías para el profesorado. Sí queremos y haremos lo posible por conseguir esta reforma en una doble vertiente: por un lado, una Ley o norma que regu- le la profesión docente con el establecimiento de una identidad profesional, un código deontológico, los requisitos habilitantes y formación inicial para la docencia no universitaria, los procedimientos de ingreso y acceso a la función pública docente, los derechos y deberes del profesorado, sus funciones, la libertad de cátedra y autonomía pedagógica, el ordenamiento jurídico de los centros educativos, la prevención de riesgos laborales y salud laboral, en- tre otras cuestiones. Por otro lado, un Estatuto que regule desde el ingreso y acceso a la función do- cente en el ámbito de la enseñanza pública, hasta la jubilación, contemplando el ingreso y acceso a la función pública docente, la estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes, el modelo de carrera profesional, jornada de trabajo, vacacio- nes y permisos, la provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes, las incompatibilidades, retribuciones y jubilación. Eso sí, se deberá garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo referente a políticas del profesorado, estableciendo claramente las compe- tencias de las diversas administraciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitando las claras y existentes desigualdades entre comunidades au- tónomas. Una reforma que nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas, en el marco de la negociación sindical. Y como denominador común, poner fin al exceso de burocracia que lastra la labor docente. Como respuesta al anuncio del presidente, el lí- der de la oposición situó en el centro del debate educativo, varios días después, el compromiso de poner en marcha una EBAU común para 2025, en todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. En este sentido, cabe recordar que nunca ha existido un examen único de acceso a la universidad, desde su creación en 1974 para todos los distritos universitarios del Estado. Hasta 2001 no se creó el distrito universitario único para que se pudiese acceder a cualquier universidad con la selectividad realizada en cualquier distrito universi- tario, pues anteriormente sólo se permitía acceder al distrito correspondiente. No obstante, es necesario caminar hacia la máxi- ma homogeneización posible de las pruebas, lo que pasa por unos criterios de calificación únicos en todos los territorios y una estructura de pruebas lo más similar posible que contemple, al menos, un mínimo de los contenidos ajustados al real decre- to de enseñanzas mínimas, previamente acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Una prueba única o idéntica para todo el Estado resultaría inviable, atendiendo a la actual distribu- ción de competencias curriculares entre el Estado y las comunidades. En este escenario mediático convulso, y en parte in- cierto, que envuelve al ámbito educativo, y ante las expectativas anunciadas por la ministra, exigimos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes un nuevo y definitivo impulso hacia un verdadero proceso negociador con los legítimos representantes del profesorado, que permita, con nuestra ineludible implicación y participación, avan- zar en la reforma o nuevo diseño de nuestra pro- fesión y dar respuesta a las exigencias y mejoras necesarias que requiere nuestra educación.  “Habría que comenzar por una verdadera y profunda reforma de nuestro sistema educativo”