REVISTA ANPE 619

E D I T O R I A L 3 A nte la preocupante situación política, social y económi- ca que atraviesa España, queremos alertar sobre la repercusión que la inesta- bilidad puede tener sobre el sistema educativo. La educación necesita, más que cualquier otro ámbito, considerarse como política social prioritaria, con una financiación sólida que asegure sus recursos humanos y materiales, y di- señada para garantizar su calidad. Una educación excelente es la auténtica demanda social. Por ello, el Ministerio competente y los gobiernos de las comunidades autónomas han de realizar un esfuerzo por aumentar el porcentaje presupuesta- rio destinado a la educación. El informe “Panora- ma de la Educación 2023” vuelve a situarnos por debajo de la media de los países de la OCDE en inversión educativa y en resultados académicos. Todavía estamos lejos de las cifras que países de nuestro entorno destinan a educación. Es prioritario evitar la disminución de los recursos destinados al sostenimiento del sistema educati- vo. La inversión en profesorado y en la dotación de los centros escolares debe ser prioritaria para cualquier Gobierno. Es la única manera de ga- rantizar a los alumnos y sus familias la calidad del sistema educativo, y de asegurar a los docentes que no se va a escatimar en la composición de las plantillas de los centros y en el desarrollo de los acuerdos de mejora de sus condiciones laborales. No todo es culpa de las carencias económicas o del escenario político y social convulso. La última Ley educativa, como hemos advertido en innume- rables ocasiones, mantiene el modelo educativo de la LOGSE, con lo que ello supone de apuesta por una dinámica basada en la educación com- prensiva, junto a una regulación de la evaluación y titulación encaminadas a rebajar el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad; no fortaleciendo el papel del profesorado, ni recuperando principios como la disciplina y la autoridad, tan necesarios para propiciar un buen clima de convivencia en las aulas. Asimismo, el profesorado sigue siendo la asigna- tura pendiente de las reformas educativas. Espera- mos que las circunstancias económicas no supon- gan un obstáculo para la negociación del futuro diseño de nuestra profesión docente y el desarro- llo de un Estatuto de la Función Pública Docente. La mejor apuesta para combatir una situación difícil y compleja como la que atraviesa nuestro país pasa, no sólo por mejorar la inversión en educación, sino también por la adopción de medidas inmediatas que ofrezcan alternativas suficientes para combatir el fracaso escolar, el abandono educativo tempra- no, fortalecer la Formación Profesional y asegurar, en definitiva, una formación académica solvente y de calidad para todo nuestro alumnado. Nuestro sistema educativo no puede seguir rigiéndo- se por la transitoriedad y la incertidumbre a las que se ha visto sometido durante los últimos años. Con un Gobierno en funciones, asistimos a un escenario político y social lleno de incertidumbre e inestabili- dad por la compleja aritmética parlamentaria y por las diferencias ideológicas y territoriales de los distin- tos grupos políticos que se trasladan a la educación. La comunidad educativa no puede seguir sopor- tando las consecuencias de la permanente con- frontación y falta de diálogo y consenso entre los representantes políticos, que imposibilitan la esta- bilidad normativa necesaria para llevar a cabo los cambios estructurales y curriculares que profeso- rado y sociedad demandan. En este contexto, asistimos a un nuevo curso lle- no de retos y desafíos pendientes. Estar en fun- ciones no exime al Gobierno ni al Ministerio de Educación a continuar avanzando en pro de las mejoras necesarias. La interinidad del Gobier- no no debe frenar el avance en cuestiones clave LA EDUCACIÓN Y EL PROFESORADO ANTE UN CURSO MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE REVISTA digital Presidente Nacional de ANPE José Francisco Venzalá González