REVISTA ANPE 618

E D I T O R I A L 3 E N un año marcado por la cele- bración en nuestro país de dos importantes procesos electorales, la educación, una vez, más no estará ajena al uso partidista y sesgado al que habitualmente nos tienen acostumbrados las diferen- tes opciones en liza. El problema no radica en la política, sino en el uso que de la fuerza de los votos hagan nuestros representan- tes elegidos en las urnas. Ciertamente, es y debe ser obligación de nuestros políticos garantizar un sistema educativo eficaz, de calidad y garante de la igualdad de oportunidades para con sus ciudadanos, pues es el futuro y el progreso de cualquier nación. Pero una política educativa exclusivamente en manos de políticos está inelu- diblemente abocada al fracaso, pues responderá sin el menor género de dudas a necesidades meramente políticas. Dicho esto, nos encontramos en el último tramo de un curso escolar en el que siguen esperando respuesta numerosos problemas sin resolver como el exceso de burocracia, mal endémico que des- de hace ya años los docentes llevamos sufriendo. A pesar de que todas las administraciones asegu- ran que son conscientes de esta circunstancia, las tareas burocráticas en el ámbito educativo no de- jan de crecer. Poco se ha mejorado en este sentido en los últimos años, y en ANPE nos negamos a aceptar y asumir que esta realidad sea ina- movible. Una situación que no redunda en una mejora de la calidad educativa, sino que obstacu- liza los procesos de enseñanza-aprendizaje. El asfixiante exceso de burocracia satura a los do- centes y está teniendo, desgraciadamente, negati- vas consecuencias sobre la salud mental del profe- sorado, como así lo reflejan las numerosas quejas que está recibiendo el servicio del Defensor del Profesor de ANPE. Docentes que están notando en su salud este gran aumento de tareas burocrá- ticas o administrativas, con el agravante de que al- gunas de estas tareas no son inherentes a su labor docente, y esto obviamente es grave. En ANPE siempre hemos afirmado que las leyes están para cumplirlas. De no ser así, nos veríamos abocados a escenarios inciertos e inseguros. Pero ello no es óbice para alertar de las consecuencias que para el profesorado conlleva la aplicación de una ley o de un protocolo derivado de la misma. Concretamente y con relación a la reciente “Ley Trans”, son varios los protocolos implementados en varias comunidades autónomas y que atribu- yen al docente, muy especialmente a la dirección del centro, un papel cuando menos difícil, delica- do o complejo ante situaciones que, en nuestra opinión, habrían de dirimirse en otras instancias y no arrojar una vez más sobre el docente una enor- me carga de responsabilidad en un asunto muy personal que atañe al alumnado y sus familias. No menos preocupante es el anuncio de alguna comunidad autónoma con mensajes de adverten- cia en clave sancionadora, hacia un profesorado al que sitúa en el foco o punto de mira ante su actuación en caso de existencia de un posible caso de acoso escolar. El centro educativo no puede ser la respuesta fácil y cómoda para que el dirigente o administración de turno dé respuesta a aquellos problemas a me- nudo de índole social que aquejan a nuestros jó- venes. La conciliación de la vida laboral y familiar va más allá de abrir los centros educativos en jor- nadas maratonianas. Es necesaria una respuesta coordinada de varias administraciones, antes de arrojar sobre la espalda de los docentes toda esa problemática a la que son incapaces de dar una solución los gestores políticos. Ante esta situación, consideramos que es el mo- mento de replantear las tareas burocráticas inhe- rentes a la profesión docente, de modo que nos AÑO DE ELECCIONES: MENOS POLÍTICA, MÁS DOCENCIA Y MENOS BUROCRACIA REVISTA digital Presidente Nacional de ANPE José Francisco Venzalá González