Revista ANPE Nacional nº 613

EDITORIAL 3 Marzo-abril 2022 E L pasado mes de enero, apurando al máximo el plazo previsto en la disposición adicional séptima de la LOMLOE, parecía que por fin el Ministerio de Educación estaba decidido a iniciar la nego- ciación del futuro diseño de la profesión docente. En este contexto, ANPE siempre ha manifestado sus propuestas de lo que debería ser el marco básico y global de dicha reforma, para que garantice la estabilidad, cohesión y vertebración del sistema educativo. La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Por eso, ANPE no se cansa de insistir en que la política del profesorado debe ocupar un lugar preferente de cara a la puesta en marcha de cualquier reforma educativa. No podemos obviar que son ya varias las legislaturas donde la primera promesa de cada nuevo titular del Ministerio de Educación es el Estatuto Docente, pero la experiencia nos muestra que esta promesa se convierte al poco tiempo en una mera declaración de intenciones. De hecho, desde que se aprobó la Ley ha pasado ya un tiempo considerable y más allá del desarrollo y aprobación de los decretos de currículo que han de entrar en vigor para el próximo curso escolar en determinados niveles educativos, existen cuestiones muy importantes del articulado de la LOMLOE que están llevando un lento proceso en su tramitación. Por ello, aunque con retraso, y a nuestro entender habiendo desaprovechado un periodo de tiempo muy valioso desde que se promulgó la Ley, ANPE valora positivamente la apertura de este proceso de negociación con el objetivo de dar respuesta a los retos y desafíos de nuestra profesión, en el contexto del desarrollo de la disposición adicional séptima de la LOMLOE, y de establecer el nuevo diseño de la profesión docente. No puede existir una verdadera reforma educativa sin abordar la política del profesorado. Desde ANPE siempre hemos entendido la necesidad de esta reforma en una doble vertiente: por un lado, una Ley o norma que regule la profesión docente con el establecimiento de una identidad profesional, un código deontológico, los requisitos habilitantes y formación inicial para la docencia no universitaria, los procesos de ingreso y acceso a la función pública docente, los derechos y deberes del profesorado, sus fun- ciones, la libertad de cátedra y autonomía pedagógica, el ordenamiento jurídico de los centros educativos, la prevención de riesgos laborales y salud laboral entre otras cuestiones. Por otro lado, un Estatuto que re- gule, desde el ingreso y acceso hasta la jubilación, la función docente en el ámbito de la enseñanza pública, contemplando el ingreso y acceso a la función pública docente, la estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes, el modelo de carrera profesional, jornada de trabajo, vacaciones y permisos, la pro- visión de plazas o puestos por los funcionarios docentes, las incompatibilidades, retribuciones y jubilación. Eso sí, se deberá garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo referente a políticas del pro- fesorado, estableciendo claramente las competencias de las diversas administraciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitando las claras y existentes desigualdades entre comunidades autónomas. Una reforma que nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas, en el marco de la negociación sindical. Desde ANPE recibimos con un cierto grado de escepticismo, generado por las reiteradas decepciones que hemos sufrido durante bastantes años en relación con esta cuestión, la propuesta presentada por el Minis- terio para reformular el nuevo diseño de la profesión docente. El documento inicial o de base presentado, ¿Ha llegado ya el momento de un nuevo diseño de la profesión docente? La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación