Revista ANPE Nacional nº 609

La asesoría jurídica de ANPE en Málaga ha obtenido una nueva sentencia condenatoria por amenazas a un docente en el ejercicio de sus funciones, que recurrió a la atención de nues- tro servicio El Defensor del Profesor. El fallo determina, en los hechos sucedidos en octubre de 2019, en el IES Cerro del Viento, de Arroyo de la Miel, un delito de atentado a funcio- nario público, contemplado en el artículo 550 del Código Penal, por proferir amenazas de muerte. Esta sentencia del Juzgado de Menores número 2 de Málaga, que se une a otras conseguidas por nuestra asesoría jurídica en esta provincia, impone, al menor autor de las amenazas de muerte, un año de libertad vigilada con seguimiento forma- tivo, apoyo escolar y obligación de asistir a talleres de desarrollo social, competencia personal, prevención de conductas de riesgo, autocontrol y educación para la convivencia. El Rincón del Defensor del Profesor Mayo-junio 2021 23 Nueva sentencia obtenida por amenazas a un docente Es la segunda vez en seis años que se produce un hecho seme- jante. La anterior acabó con la vida de nuestro compañero, Abel Martínez, asesinado con una ballesta por otro alumno. Sucesos lamentables que no deberían volver a ocurrir nunca más, pero que, tal como se gestionan las cosas, es difícil de des- cartar. Desde hace tiempo, en el servicio del Defensor del Profesor, recibimos denuncias de docentes que reciben todo tipo de amenazas, insultos, agresiones, tanto por parte de alumnos como de padres y madres, con tanto miedo que no quieren de- cir ni su nombre ni el centro donde trabajan. La mayoría de ellos acaban de baja por ansiedad, depresión y esperando que acabe el curso para empezar de nuevo en otro centro, anhe- lando tener más suerte o más apoyo. Porque la triste realidad es que se encuentran solos, teniendo que demostrar ante las direcciones y la inspección educativa lo que les está sucediendo y recibiendo por respuesta el silencio, en el mejor de los casos, porque en otros les cuestionan y se ponen del lado del alumno/a o del padre/madre. Parece que la máxima es que no haya ruido, que no se sepa para que la fama, el buen nombre, la matrícula del centro no se resienta. La ley catalana tampoco ayuda desde el momento en que sólo reconoce como autoridad pública al director/a, por lo que deja a los docentes en la mayor indefensión, ya que su palabra vale tanto como la de su agresor/a. Por todo esto, ANPE Catalunya exige al Departamento el reconocimiento de cualquier docente como autoridad pú- blica; apoyo moral y psicológico a las posibles víctimas y que se lleven a cabo las modificaciones necesarias para que los reglamentos internos de los centros funcionen y sirvan para que no se vuelvan a repetir estos lamentables sucesos . El pasado 29 de abril una profesora fue agredida por un alumno con un cuchillo en un instituto de Girona. Afortunadamente, la compañera sólo sufrió heridas leves, aunque está por ver las secuencias psicológicas que le puedan quedar tras el altercado. Otra brutal agresión a una docente