Revista ANPE Nacional nº 606

EDITORIAL C UANDO la LOMLOE inició su trámite parlamentario el pasado mes de marzo, ya desde ANPE denunciábamos que este proyecto había omitido los pasos previstos para su tramita- ción: mesa sectorial, Consejo Escolar del Estado, Consejo de Estado, así como el trámite de comparecencias parlamentarias de representantes de la comunidad educativa llevado a cabo en todas las leyes orgánicas educativas anteriores. Por tanto, la primera valoración que hacemos de este proyecto tiene que ver con que nace sin diálogo, sin negociación previa y sin un mínimo consenso, lo cual como ha sucedido con otras leyes educativas conllevará que esta ley tenga que ser derogada o modificada, en aspectos sustanciales, con ocasión de un nuevo cambio de gobierno. Lo que en su día nació como un proyecto apresurado para derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE, tras la intervención de los grupos par- lamentarios que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, median- te la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y frac- cionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito edu- cativo. La enmienda pactada por la cual el castellano deja de ser lengua vehicular significa que deja de ser oficial y atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna. El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe pro- teger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes. Si se llega a imponer esta medida en la ley, confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. No menos preocupante resulta la adopción de propuestas que ahondan cada vez más en la desver- tebración educativa y en la devaluación de la cultura del rigor y el esfuerzo. Para ANPE, no se puede dejar al albur de las Comunidades Autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. Si se man- tiene finalmente esta redacción no solo se quiebra el principio de seguridad jurídica, sino que tam- bién se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Hemos reiterado en muchas ocasiones que buscar la promoción y la titulación semiautomática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, lanza un mensaje demoledor a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado y no es la solución contra el fracaso escolar. Todo lo Esta nueva ley no es la reforma profunda y global que necesita la Educación en España La LOMLOE, una nueva reforma educativa sin diálogo ni consenso Noviembre-diciembre 2020 3