Revista ANPE Nacional nº 606

Información Profesional Noviembre-diciembre 2020 15 Asignatura de Valores Cívicos y Éticos Se cursará en uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos. Igualdad de género Se hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos trans- versales en todas las áreas de conocimiento. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Inclusión El Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Sostenibilidad Las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno para promover "la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático. Aumento de competencias del Consejo Escolar El Consejo Escolar recupera competencias, entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programa- ción general del centro y participará en la selección del director. Escolarización Medidas contra la segregación escolar Se suprime el concepto de “demanda social”. La “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red. Medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concerta- dos”. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alum- nos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordina- rio o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Desarrollo profesional docente Se dispone de un año para diseñar un nuevo sistema de acceso a la profesión docente, de formación inicial y permanente y de desarrollo profesional docente. Profesores Técnicos de FP Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Integración en el cuerpo de profe- sores de Enseñanza Secundaria de todos aquellos que, a la entrada en vigor de la Ley, posean el título de Grado o equivalente. Remoción puesto de trabajo Referencia dirigida a los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento" podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”. Solidaridad interterritorial Se recuperan los planes de cooperación interterritorial para inyectar fondos en los sistemas educativos au- tonómicos y contribuir al “equilibrio territorial". Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización "asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano. Incremento del gasto público destinado a Educación El Gobierno dispone de dos años para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB.