Revista ANPE Nacional nº 605

Comunidades Autónomas. Desde el protocolo de mediados de junio con medidas higiénico-sanitarias hasta el 27 de agosto, cuando se volvió a reunir la ministra con los conse- jeros, pasaron más de dos meses. Y de esa reunión sólo sale un protocolo con medidas sanitarias básicas. Que está bien porque unifica criterios, pero deja muchos aspectos al albur de las comunidades autónomas y no aborda las medidas or- ganizativas y académicas de los centros. Todo ello, unido al descontrol de la pandemia, genera un clima de inseguridad y desconcierto y, en algunos colegios, el inicio de curso está siendo caótico. Las medidas aprobadas por Educación, con la colaboración de Sanidad y la participación de las comunidades autónomas, ¿le parecen entonces adecuadas pero insuficientes? Las higiénico-sanitarias están bien; las de limpieza y desin- fección, las del uso del patio de recreo, las aulas estables, la toma de temperatura, el uso de mascarillas... Todo ello es ra- zonable. Lo que no ha estado bien regulado son los test se- rológicos a los docentes. Algunas comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha los han hecho, otras no, y tenía que haber habido un protocolo común de actuación. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y, por tanto, hay que tomar medidas lo más unificadas posible. Dentro de que la gestión es de cada comunidad, no se pue- den hacer 17 propuestas de regreso a las aulas diferentes. Se ha referido a las carencias de carácter organizativo y aca- démico. Una vez determinada la distancia de seguridad, 1,5 metros, las autonomías tendrían que haber hecho una radiografía de los centros en el mes de junio para que los equipos directivos hubieran identificado las necesidades de adaptación de espa- cios para poder acoger al alumnado. También, para aquellos casos en que no se puede cumplir esa distancia de seguridad, haber establecido una ratio que conlleva unos desdobles y, por tanto, un incremento de la plantilla. Esto no ha sido pla- nificado. Tampoco todo aquello que tiene que ver con hora- rios, con turnos rotatorios… para poder atender en las me- jores condiciones la presencialidad en las aulas. Lamentablemente, muchos centros van a ser confinados total o parcialmente. Entraríamos en el plan b de semipresencia- lidad o de volver durante un tiempo a la educación telemá- tica. Haría falta un protocolo con un plan de digitalización, herramientas digitales, plataformas, metodología, tutoriza- ción de los alumnos y, en última instancia, adaptaciones cu- rricurales. Pero nada de ello se ha hecho. Otra cuestión fun- damental que echamos en falta; la educación online dejó a mucha gente atrás. El profesorado hizo un gran esfuerzo para poder acompañar a los alumnos de la manera que pudo. Pero muchos de ellos, los más desfavorecidos y los que académi- camente tenían más dificultades, se quedaron descolgados. Habíamos pedido un plan de refuerzo educativo en el primer trimestre para tratar de recuperar a ese alumnado. Pero tam- poco hemos visto ningún protocolo que contemple cómo se va a llevar a cabo, con qué profesorado… Hay muchas cues- tiones que han quedado pendientes sin desarrollar y eso ge- nera inquietud, incertidumbre y preocupación en la gestión de los centros. En definitiva, no estamos haciendo de la edu- cación esa verdadera prioridad política y social que todos queremos. ¿Quién tiene la culpa de ello? El Ejecutivo central dice que las competencias son de las comunidades y algunas de ellas re- claman la intervención del Gobierno. La responsabilidad es de todos y nadie debe eludirlas. Es fun- damental que el Ministerio de Educación ejerza una labor de liderazgo y coordinación y que las Comunidades Autónomas acepten ese liderazgo. En ese espacio difuminado entre lo que son las competencias estatales y autonómicas se ha eviden- ciado la gran desvertebración que hay en nuestro sistema educativo. El Gobierno central tiene competencias, cómo no las va a tener si puede impulsar una ley orgánica. Cómo no lo va a hacer si en la anterior situación de crisis, en 2012 y por real decreto ley, se subió la ratio y el horario lectivo del profesorado. El Ministerio tiene competencias en la progra- mación general de la enseñanza, en el diseño curricular bá- sico, en las evaluaciones… Claro que tiene competencias, lo que ocurre es que en este caso concreto se ha preferido que sean las Comunidades Autónomas quienes las gestionen. Algunas de ellas también han echado en falta estos protoco- los. Con independencia del desarrollo de las competencias, tiene que haber voluntad máxima entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para estar reunidos en una situa- ción de crisis y emergencia sanitaria de forma casi perma- nente para dar respuesta. Quería preguntarle por la gestión que están haciendo las au- tonomías. ¿Cuál cree que lo está haciendo mejor? Por la con- tratación de profesores o por la figura de la persona respon- 6 ANPE 605 ACCIÓN SINDICAL ESTADO “Hay muchas cuestiones pendientes y eso genera incertidumbre en los centros. No estamos haciendo de la educación la prioridad política y social que todos queremos”